Un síntoma de este diagnóstico lo reflejamos previo a la feria judicial haciendo pública la situación de precariedad edilicia que afecta a la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado y ahora se suma la Curaduría Zonal de Alienados Departamental; que asiste a personas con discapacidad institucionalizadas judicialmente cuando ellas carecen de familiares o estos se han excusado del acompañamiento que demandan, que en Mar del Plata alcanzan a poco menos de 350 sumado a otras 140 del Departamento Judicial de Necochea que se encuentran también bajo su supervisión, que siquiera pueden acceder al baño de esa dependencia cuando llegan a la misma porque este se encuentra clausurado.
Desde Marzo del 2.024 la Curaduría está con problemas de calefacción que ahora se agravó por la ola de frío que sufre nuestra ciudad, la ausencia de funcionamiento de los radiadores existentes en cada oficina que normalmente generaban calor y la endeble red eléctrica del inmueble que no soportar la sobrecarga de energía propia del uso de artefactos que se conectan para intentar elevar la temperatura ambiente a parámetros saludables.
La desinversión en esta área judicial se refleja en la contratación del servicio de wifi es costeado del bolsillo del titular y funcionarios/as de esa Oficina como así también los gastos de traslados, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena y combustible que insume visitar a aquellas personas internadas en centros de salud mental situados en otras jurisdicciones, y que en aquellas oportunidades en las cuales fueron reembolsados parcialmente lo han sido tres meses después de presentados los pedidos de reintegros.
La AJB reclamará la inmediata solución de esta situación a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires que tiene la responsabilidad propia de la superintendencia que posee sobre dicha Curaduría, y se harán las denuncias pertinentes antes los organismos de contralor laboral e institucional competentes porque está en riesgo la salud de funcionarios, funcionarias, peritos, empleados y empleadas que allí trabajan, y con ello la tutela judicial y efectiva de aquellas personas en situación de vulnerabilidad destinatarias de su labor funcional y razón de ser de dicha dependencia.
¡Sin lucha no hay Derechos!
