Si bien ese inmueble es cedido por el Municipio local al Ministerio Público para ser afectado a la actividad judicial es la Procuración en ejercicio de la Superintendencia a su cargo como el Fiscal General bajo la potestad delegada de dicha facultad administrativa quienes deben evitar el continuo deterioro y con ello se ponga en peligro la salubridad, seguridad e higiene laboral de quienes allí trabajan diariamente como de aquellas personas que transitan por ese inmueble por cuestiones personales y/o funcionales.
La crisis edilicia también afecta al Ministerio Público y la desinversión en infraestructura genera estos cuadros de situación que se reproducen en cada dependencia judicial descentralizada, de la cabecera o la Justicia de Paz.
El Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y Organización .Mundial de la Salud, coincidieron en la primera reunión (1950) y en su 12° reunión (1995) en que “La salud en el trabajo tiene por finalidad promover y mantener el mas alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo, protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes nocivos a su salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicológicas..” (cita de CSJN en autos S. 1789. XL. Recurso de hecho- Silva Facundo Jesús C/ Unilever de Argentina SA); es por ello que teniendo la AJB la exclusiva potestad gremial de defender y representar ante el estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de las y los trabajadores judiciales como de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral vigente (Art. 31 Ley 23.551) se solicitó la adopción de las medidas pertinentes para garantizar las condiciones dignas y la indemnidad laboral de los y las integrantes de la planta funcional de dicha Fiscalía.
¡Sin lucha, no hay derechos!
